La educación pública en el Perú no es de las mejores. Este problema no es coyuntural sino crónico. Las sendas reformas educativas ensayadas por los gobiernos de turno han sido inútiles. El presupuesto destinado al sector educación fue siempre irrisorio. Tenemos docentes mal pagados y, tanto peor, mal preparados. El estatus social del magisterio --a despecho de lo que pensaba José Antonio Encinas-- está por los suelos. Sin embargo, hay en el mercado laboral una sobreoferta de profesores. Un auténtico ejército de reserva. El anhelo inmediato (y desesperado) de estos maestros sin trabajo es que el Estado los nombre o siquiera los contrate. Y cada año la cifra de aspirantes se incrementa. Pero las notas desaprobatorias que la mayoría (¿absoluta?) de ellos obtiene en los distintos concursos hablan por sí solas de su calidad docente. El resultado de esta crisis es la pésima formación que reciben los alumnos de la escuela pública. Como siempre la dirigencia del SUTEP culpa al gobierno…y viceversa.
Esta situación se torna más penosa cuando expertos y líderes mundiales coinciden en señalar que, al presente, la clave del desarrollo en el mundo es precisamente la educación. En una investigación periodística sobre las políticas educativas de los países más exitosos del planeta, cuyo fruto es el libro “¡Basta de historias! La obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro” (2010), Andrés Oppenheimer confirma dicha tesis. El XXI es el siglo de la economía del conocimiento --dice el periodista-- ergo la clave de la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible no es la economía sino la educación. Hoy por hoy los que tienen en las manos el futuro de sus respectivos países son los ministros de Educación, concluye Oppenheimer.
Así pues urge implementar en el Perú una política educativa a tono con la economía del conocimiento. Paradójicamente el sector más reacio a una posible decisión gubernamental de esta naturaleza es (y será) el órgano que dice representar a los maestros, el SUTEP. El síntoma inequívoco de este “sabotaje” es la reacción visceral del sindicato de marras contra la llamada Ley de la Carrera Pública Magisterial. Si el gobierno decide por fin priorizar la educación, conforme a las “claves del futuro”, esta norma sería apenas el primer paso de la profunda reforma que este sector requiere. Según el economista Ricardo V. Lago la promulgación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial constituye una verdadera revolución educativa en el Perú. He ahí el gran mérito del ex ministro José Antonio Chang. Durante su gestión --dice Lago-- la educación pública ha dado un salto de gigante, al incorporar exámenes de aptitud y cursos de capacitación para los docentes, así como escalas de remuneración por resultados.
Amparado en una posición economicista y cortoplacista, el SUTEP ha exigido la derogatoria inmediata de esta ley. Dicen que atenta contra la estabilidad laboral. Las evaluaciones que contempla esta norma son punitivas, aducen. El gran temor de los profesores nombrados es, ciertamente, perder su empleo y sus privilegios laborales (por cierto, escasos). Total, en un país donde las tasas de desempleo son altísimas, conseguir un “nombramiento” en el magisterio al amparo de la antigua Ley del Profesorado --así los sueldos (y el estatus social) sean paupérrimos-- es mil veces preferible a quedarse en la calle. Según la dirigencia del SUTEP, el gobierno debería respetar esa norma (una conquista magisterial). Lo que el sindicato no quiere entender es que contratar o, peor todavía, “nombrar” a malos docentes con estabilidad laboral absoluta --conforme al deseo de ellos-- significaría para el país ni más ni menos un suicidio.
*Artículo publicado en el diario Correo (Puno), 28/02/2012
